En un audaz y controvertido movimiento político, la presidenta Dina Boluarte ha iniciado una reestructuración gubernamental que ha sacudido los cimientos del poder en Perú. Este fenómeno, conocido en la ciencia política como «renovación de gabinete», es una estrategia común en sistemas presidencialistas para revitalizar la imagen del gobierno y abordar crisis políticas (Linz, 1990). En medio de una crisis multifacética que abarca desde la inseguridad hasta el deterioro económico, Boluarte apuesta por un cambio de imagen ministerial que podría ser tanto una jugada maestra como un acto de desesperación.

Entre las modificaciones más destacadas se encuentra el cambio de nombre del Ministerio del Interior a Ministerio de Seguridad Pública, así como la creación del Ministerio de Infraestructura. Estos cambios reflejan lo que Kingdon (2003) denomina «ventana de oportunidad política», donde los problemas, las políticas y la política convergen para permitir cambios significativos en la agenda gubernamental. Sin embargo, la pregunta crucial persiste: ¿podrán estos cambios realmente apagar el fuego que consume al país o sólo avivarán las llamas del descontento?
Este movimiento de reestructuración no es una novedad en la política peruana. A lo largo de la historia, diversos gobiernos han recurrido a reformas ministeriales como una táctica para revitalizar su imagen y apaciguar las tensiones sociales. Como señala O’Donnell (1994), en las democracias delegativas de América Latina, los presidentes a menudo recurren a cambios dramáticos en la estructura gubernamental como una forma de reafirmar su autoridad y legitimidad.

La situación de Boluarte es particularmente compleja debido al entorno político convulso en el que se encuentra su administración. Desde su ascenso al poder, su gobierno ha estado marcado por un constante escrutinio público, agravado por denuncias de corrupción y violaciones a los derechos humanos. Estos antecedentes hacen que cualquier reforma sea vista con escepticismo tanto por los ciudadanos como por la oposición, un fenómeno que Przeworski (1991) describe como «crisis de legitimidad».

¿Es la reestructuración ministerial de Boluarte una estrategia audaz para el cambio o un intento desesperado de aferrarse al poder?
La reestructuración ministerial de Boluarte parece ser una combinación de estrategia audaz y táctica de supervivencia política. Por un lado, los cambios podrían reflejar un intento genuino de abordar los problemas de seguridad e infraestructura que aquejan al país. El Ministerio de Seguridad Pública, por ejemplo, podría enfocarse más específicamente en la crisis de inseguridad que ha plagado diversas regiones, especialmente las áreas rurales afectadas por el narcotráfico y la violencia social. Esta situación puede ser interpretada a través del lente de Koonings y Kruijt (1999), quienes señalan que la «violencia crónica» en América Latina es un fenómeno persistente que requiere intervenciones sustanciales y bien estructuradas.

De igual manera, el nuevo Ministerio de Infraestructura podría ser visto como una estrategia para impulsar el desarrollo económico, siguiendo la teoría del «big push» de Rosenstein-Rodan (1943), que argumenta que las inversiones masivas en infraestructura pueden sacar a un país del subdesarrollo. Sin embargo, aquí es pertinente recordar las advertencias de Acemoglu y Robinson (2012), quienes afirman que las instituciones extractivas pueden persistir incluso después de cambios superficiales en la estructura gubernamental. Esto sugiere que el verdadero desafío para el gobierno de Boluarte será transformar estas reformas en cambios estructurales genuinos que aborden las raíces de la desigualdad y el descontento social.

La efectividad de esta reestructuración dependerá en gran medida de su implementación concreta y de la capacidad del gobierno para traducir estos cambios en mejoras tangibles para los ciudadanos. De lo contrario, estos movimientos podrían interpretarse como un simple maquillaje político en un intento de prolongar la supervivencia de un gobierno acosado por la presión social. La reciente reestructuración ministerial anunciada por la presidenta Dina Boluarte, que incluye el cambio de nombre del Ministerio del Interior a Ministerio de Seguridad Pública y la creación del nuevo Ministerio de Infraestructura, ha generado un intenso debate en todo el país.

Estos cambios, presentados como una respuesta a los desafíos actuales, han suscitado interrogantes sobre su verdadera eficacia y motivaciones. Mientras el gobierno reafirma su compromiso con los derechos humanos, la falta de referencia explícita a las leyes de lesa humanidad genera dudas sobre la profundidad de este compromiso. En un contexto de crisis política y social, surge la cuestión de si estas medidas son suficientes para enfrentar los problemas estructurales del país o si son simplemente una maniobra política destinada a desviar la atención de cuestiones más urgentes. Finalmente, solo el tiempo revelará si esta maniobra logrará impulsar un cambio significativo o si será recordada como un intento superficial de mantener el control en medio de la turbulencia política. El reto de transformar estas reformas en resultados concretos será el verdadero examen de la capacidad del gobierno para guiar al país hacia la estabilidad.

Además, es relevante considerar cómo esta reestructuración impactará en la dinámica política interna del país. Las reacciones de la oposición y de los movimientos sociales serán determinantes para la viabilidad de estas reformas. Hasta ahora, los principales partidos de oposición han manifestado su escepticismo, y algunas voces han sugerido que esta reestructuración es solo una cortina de humo para desviar la atención de problemas más graves, como la falta de justicia en los casos de abuso de poder por parte de las fuerzas del orden.

En este sentido, como advierten Levitsky y Ziblatt (2018), la estabilidad democrática depende no solo de las instituciones formales, sino también de normas democráticas no escritas y del compromiso de los líderes políticos con el proceso democrático. La reestructuración ministerial de Boluarte, por tanto, se encuentra en una encrucijada entre la renovación política y la supervivencia del régimen. Para que estas reformas sean efectivas, no basta con cambiar nombres o crear nuevos ministerios; es esencial que se fortalezcan las instituciones democráticas y se restablezca la confianza ciudadana en el gobierno.

En conclusión, la reestructuración ministerial de Dina Boluarte tiene el potencial de ser un punto de inflexión en su gobierno. Si bien podría permitir una renovación de la agenda política y una respuesta más eficaz a las crisis que enfrenta el país, también podría fracasar si no se abordan las raíces profundas de la insatisfacción social. El futuro de estas reformas dependerá no solo de la visión política de la presidenta, sino también de la capacidad del Estado para llevarlas a cabo con integridad y eficacia. La nación observa y espera, con la esperanza de que esta reestructuración sea algo más que un simple cambio de nombres y estructuras, sino el inicio de un camino hacia la recuperación y la paz social.

Bibliografía:

• Acemoglu, D., & Robinson, J. (2012). Por qué fracasan los países: Los orígenes del poder, la prosperidad y la pobreza. Deusto.
• Candia, A. (2024. Dina Boluarte anunció el cambio de nombre del Mininter a Ministerio de Seguridad Pública durante mensaje a la nación. La República.pe. https://larepublica.pe/politica/2024/07/28/dina-boluarte-anuncio-el-cambio-de-nombre-del-mininter-a-ministerio-de-seguridad-publica-durante-mensaje-a-la-nacion-congreso-1408932
• Espinoza, S. (2024). Dina Boluarte anuncia proyecto de ley para crear nuevo Ministerio de Infraestructura. RPP Noticias. https://rpp.pe/politica/gobierno/ministerio-de-infraestructura-dina-boluarte-anuncia-creacion-de-nuevo-ministerio-por-fiestas-patrias-noticia-1572635
• Kingdon, J. (2003). Agendas, alternatives, and public policies (2nd ed.). Longman.
• Koonings, K., & Kruijt, D. (1999). Societies of fear: The legacy of civil war, violence and terror in Latin America. Zed Books.
• Levitsky, S., & Ziblatt, D. (2018). Cómo mueren las democracias. Ariel.
• Linz, J. (1990). The perils of presidentialism. Journal of Democracy, 1(1), 51-69.
• O’Donnell, G. (1994). Delegative democracy. Journal of Democracy, 5(1), 55-69.
• Przeworski, A. (1991). Democracy and the market: Political and economic reforms in Eastern Europe and Latin America. Cambridge University Press.
• Rosenstein-Rodan, P. (1943). Problems of industrialisation of Eastern and South-Eastern Europe. The Economic Journal, 53(210/211), 202-211.

Autora: Carla Daviran