A pesar de ser una de las economías más fuertes y estables de América Latina, Perú enfrenta desafíos significativos en términos de corrupción, un problema que afecta profundamente su desarrollo socioeconómico. La reciente Encuesta de Percepciones de Corrupción en Perú (2023), presentada por Proética, el capítulo nacional de Transparencia Internacional, destaca que la corrupción es percibida como el segundo problema más grave por los peruanos. Esta percepción no solo refleja el retraso en el desarrollo del país, sino que también impacta de manera desproporcionada en los sectores más vulnerables de la población.

La corrupción en Perú se manifiesta de múltiples formas. Desde la relación entre el Estado y las grandes empresas, que a menudo destinan hasta el 5% de su facturación a sobornos para agilizar trámites u obtener contratos, hasta las interacciones entre el Estado y los ciudadanos, donde la práctica de «romper mano» se ha vuelto común para acelerar procesos legales simples, como la apertura de comercios o la obtención de servicios básicos. El Informe Global de Competitividad también identifica la corrupción como el segundo mayor obstáculo para hacer negocios en el país. Esta normalización de la corrupción ha llevado a la popularización de la frase: «Ya no importa que robe, pero que haga obra».

Este entorno de corrupción no solo afecta a las autoridades, sino que también refleja una cultura generalizada entre los ciudadanos que ha perdido el sentido de cohesión social. En Perú, la desigualdad y la falta de confianza en las instituciones han fomentado un ambiente en el que el poder económico y político a menudo prevalece sobre el bienestar común, perpetuando una estructura social donde el dinero y el poder ofrecen ventajas desproporcionadas.

Las consecuencias de la corrupción son profundas y abarcan la inestabilidad política, la pobreza y la erosión del tejido social. Más del 75% de los peruanos trabaja en el sector informal, lo que alimenta una creciente desconfianza en las autoridades y lleva a muchos a involucrarse en actividades marginales por razones económicas, culturales o legales. La informalidad y la corrupción se retroalimentan, creando un círculo vicioso que perpetúa la inestabilidad social y económica. En este contexto, numerosas bandas criminales actúan como protectores de los trabajadores informales en los gobiernos locales y regionales, compartiendo los beneficios de sus actividades ilícitas con la complicidad o inacción de las autoridades.

Este entorno de corrupción y falta de control no solo debilita la gobernabilidad, sino que también perpetúa la pobreza al obstaculizar el desarrollo de un sistema económico formal y justo. La corrupción y la informalidad fomentan una economía paralela que dificulta la implementación de políticas públicas efectivas, perpetuando la desigualdad y la marginalidad. En última instancia, la falta de justicia y la debilidad del Estado de derecho agravan la crisis social y económica en Perú.

En cuanto a la pobreza, los datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) para 2023 muestran que casi un tercio de la población peruana vive en situación de pobreza, con un incremento del 1.5% respecto al año anterior. El Dr. José Rodríguez atribuye este aumento a la inestabilidad política del actual gobierno y a la ineficacia de los programas sociales implementados. Es crucial que las autoridades reconozcan estas deficiencias y trabajen en soluciones efectivas para que las políticas públicas sean realmente eficaces. Si la situación persiste, no solo aumentará la pobreza, sino que también crecerá la desconfianza ciudadana, lo que tendrá consecuencias negativas para la economía y el desarrollo social del país.

Finalmente, la inestabilidad socioeconómica y la corrupción reflejan un deterioro severo de las instituciones y una debilidad en el sistema de poderes (legislativo y ejecutivo). El año 2016, que vio la sucesión de siete presidentes y dos disoluciones irregulares del Congreso, es un claro ejemplo de estas debilidades. La llegada de Dina Boluarte a la presidencia no ha logrado resolver estos problemas, y el creciente rechazo hacia el Congreso y la falta de aceptación por parte de los ciudadanos han exacerbado la situación. Además, las investigaciones legales pendientes contra la Sra. presidente complican aún más el panorama para el desarrollo del país.

Para superar estos desafíos, es imperativo que Perú emprenda reformas estructurales profundas, fortalezca las instituciones democráticas y promueva una cultura de transparencia y rendición de cuentas. Solo a través de un compromiso sostenido con la justicia y la equidad se podrá construir un futuro más estable y próspero para todos los peruanos.

Referencias

• Transparencia Internacional: El puntaje de corrupción se mide de manera inversa; cuanto más cerca del puntaje número uno, más corrupto es el país. En cuanto al rango, cuanto más lejos del rango uno, más corrupto es el país.
• Evolución de la Pobreza: Para más información sobre la pobreza en Perú, puedes consultar los siguientes enlaces:
• INEI: Pobreza Monetaria 2023
• Infoabe: Manejo del Gobierno y Pobreza
• Comexperu: Aumento de la Pobreza en Departamentos
• INEI: Encuesta Nacional de Hogares
• Transparency International. (2023). Corruption Perceptions Index 2023. Recuperado de https://www.transparency.org/en/cpi/2023/index/per

• Causas, efectos y costos de la corrupción en el Perú. (2021). Revista Lumen. Recuperado de https://revistas.unife.edu.pe/index.php/lumen/article/view/2674/3050

• García, A. (2020). Corrupción y desarrollo en el Perú: análisis y propuestas. Recuperado de https://www.redalyc.org/journal/280/28071845022/html/

Rosita Angulo Cipriano